Tras 5 horas de sesión, el oficialismo y sus aliados de Unión Pro avalaron la adjudicación del contrato de recolección de residuos dispuesta por el intendente Giustozzi en enero último. La oposición se quejó de falta de información –recibieron sólo 8 fojas de las más de 7500 que tiene el expediente-, y pidió que se declare nulo el contrato porque la adjudicación, según había dispuesto el propio cuerpo, debía correr por cuenta de Deliberante y no del Ejecutivo. Además, se trataron otros expedientes polémicos como la convalidación de la construcción de viviendas, y un pedido de informe sobre los gastos generados por la entrega de premios Olimpia, que fue rechazado por el giustozzismo.
El Concejo Deliberante de Almirante Brown convalidó ayer la adjudicación del servicio del servicio de recolección de residuos a la empresa Hesurmet, dispuesta por el intendente Darío Giustozzi en enero último, con el respaldo del bloque del Frente para la Victoria y el de sus tradicionales aliados, los tres ediles de Unión Pro. Además, avalaron la adjudicación a la única oferente que se presentó para construir un plan de viviendas y rechazaron un pedido de informes de la oposición que preguntaba por los gastos en que incurrió el municipio para financiar los últimos megaeventos culturales y deportivos.
La aprobación del contrato con la empresa Hesurmet, a pesar de los fuertes cuestionamientos de la oposición sobre irregularidades en el procedimiento administrativo, contó con el respaldo de los trece concejales oficialistas y tres más -Hugo Cisco, Ramón Valdez y Santiago Perón-, de Unión Pro, habituales aliados del giustozzismo. En frente se pararon seis ediles opositores – Florencia Retamoso (GEN), Miriam Locher y José Fernández (Ari – Coalición Cívica), Carlos Guerrieri (UCR), Stella Maris Alló (Peronismo Federal) y Eva Calderón (PJ)-, mientras que Ivana Rezano de Libres del Sur y Miriam Niveyro del Pro se retiraron del recinto en el momento de la votación.
A la reunión de ayer los concejales llegaron con cuatro dictámenes presentados durante la reunión de la comisión de Infraestructura que se llevó a cabo el miércoles, en la que se presentaron un dictamen por la mayoría y tres de minoría, que reclamaban la devolución del expediente al Ejecutivo, entre otras razones, porque lo que se remitió al cuerpo fueron apenas 8 fojas de las más de siete mil que conforman el trámite original.
Durante el debate, que se extendió por más de dos horas, la oposición criticó la adjudicación y destacó el “escaso” tiempo otorgado a los concejales para su tratamiento, así como el hecho de que del pliego no llego en su totalidad a las comisiones.
“Se le otorgó a la empresa una suma de dinero que causa escalofríos, un 70% de incremento en relación al contrato anterior, y no hubo ningún seguimiento desde la Secretaria de Infraestructura del Municipio en ningún momento en el control del pliego y además el servicio es deficiente”, argumento José Fernández de la Coalición Cívica.
Las críticas por ocultamiento de información por parte del oficialismo fue una de las objeciones más escuchadas, tanto en declaraciones periodísticas como en el mismo recinto durante el debate de ayer.
“El contenido del proceso de adjudicación no es información pública como les dicen a los medios de comunicación algunos concejales oficialistas ya que varias veces quisimos solicitar la vista del expediente en forma completa y nos fue negado”, sostuvo Retamoso.
Por su parte, en su pormenorizado repaso de los puntos más controvertidos de la adjudicación del servicio, la concejal Alló subrayó que se están cometiendo “pecados de omisión y de comisión” en esta contratación, y lamentó que el Ejecutivo “haya desperdiciado una oportunidad muy importantes de poder hacer algo diferente desde el oficialismo”.
Alló recordó que en el artículo 3 de la Ordenanza Nº 9134 –que autorizó al Departamento Ejecutivo a llamar a licitación- “se dispuso que la adjudicación se realizara mediante Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante. Si ello es así, quien debía verter el juicio de valor sobre la oferta más conveniente era este Honorable Cuerpo y no el Departamento Ejecutivo”, que no solo opinó, sino que resolvió adjudicar el contrato, firmarlo, ponerlo en marcha y pagar los primero meses de servicio.
Por eso, la concejal se quejó de que se haya adjudicado a través del Decreto Nº 74/2010, “haciendo caso omiso del trámite pertinente por cuanto el mismo Decreto expresa en su artículo 4º que se dicta ‘ad-referendum del Honorable Concejo Deliberante’”.
“Por lo tanto –continuó la edil- deviene nulo el Decreto de marras, de nulidad insalvable en virtud de los derechos y obligaciones que de él surgen y contrario a las normas jurídicas dictadas por el Concejo. Esta actividad hace presumir que se pudo haber incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte del Intendente Municipal y de quienes refrendan el Decreto”, acusó Alló.
Finalmente, con esos y otros argumentos vaticinó que quienes refrendaran con su voto lo actuado por el jefe comunal “serán solidariamente responsables, junto al Intendente Municipal de dicha circunstancia”.
Por su parte, los concejales Guerrieri (UCR) y Locher (CC) también cuestionaron la falta de información y la mala prestación del servicio, y reclamaron al Concejo que se tome más tiempo para analizar un tema tan sensible a la administración municipal.
Otro tema que disparó un acalorado debate fueron los 3 expedientes de convalidación de la adjudicación del contrato para la construcción más de 900 viviendas a favor de la empresa Cooperativa de construcción Acorde Limitada que fue enviado por el Ejecutivo al Concejo Deliberante para su ratificación, dado que solamente hubo un oferente.
Los tres expedientes fueron avalados por el oficialismo y sus aliados en medio de una polémica en la que sobresalió la sorpresa y la rapidez con la que actuó el oficialismo para sancionar esa ordenanza, algo que contrastó con la falta de antecedentes de la empresa y de la falta de documentación respaldatoria de la decisión adoptada por el Intendente.
Ante la incertidumbre, Guerriere propuso la creación de una comisión especial para el seguimiento del contrato, que debería estar conformada por concejales, representantes del Ejecutivo y de la propia empresa, una iniciativa que fue desestimada por el oficialismo. Fue el concejal Roberto Bastanza, del FPV, el que argumentó que ya existen las mismas comisiones de trabajo en el recinto.
Otra vez Alló y Locher criticaron el poco tiempo que tuvo el tratamiento del expediente en las comisiones, menos de 24 horas, y la falta de antecedentes de la empresa.
Por otro lado, el proyecto de resolución presentado por la el Peronismo Federal solicitando al Ejecutivo que informe sobre las contrataciones y los gastos relacionados con la “Entrega de Premios Olimpia” realizada en diciembre del año pasado en el polideportivo municipal resulto rechazado por el Frente para la Victoria, que impuso su mayoría frente a los votos positivos de Unión Pro, Gen UCR, Coalición Cívica y Partido Justicialista.
Aquí, Miriam Niveyro del Pro, junto a Alló y Retamoso argumentaron que el pedido de informe se debió a la necesidad de “llevar un control de los gastos y las contrataciones que se produjeron en ese evento deportivo”.
