Tras haber obtenido dictamen en el Senado, oficialistas y opositores locales opinaron sobre la propuesta emanada del Poder Ejecutivo Nacional. El diputado Franco Caviglia sostuvo que “este proyecto es fundamental y hace que la Justicia sea accesible para todos”. “Creo que es un cambio importante avanzar sobre la democratización del ámbito jurídico”, expresó el concejal Alejandro Torres; mientras que el edil José María Fernández disparó: “Desde el kirchnerismo quieren manejar el poder judicial para completar su hegemonía”.
Luego de varias horas de exposición y preguntas, las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto del Senado de la Nación firmaron dictámenes favorables conjuntos para dos de las seis iniciativas de reforma judicial. Se llevó a cabo sin la presencia de los bloques de la oposición, ya que manifestaron su desacuerdo con la postura oficialista. Los acusaron de “no permitir modificaciones” y pretender aprobarlas “a libro cerrado”.
Uno de los proyectos propone que los representantes de los jueces, abogados, y académicos en el Consejo de la Magistratura sean electos por el voto popular, mientras que el otro fomenta la creación de tres cámaras de casación en los fueros contencioso administrativo; laboral y de seguridad social; y civil y comercial (que se incorporarían a la que ya existe en el fuero penal). Con ello, se descongestionaría la cantidad de causas que llegan a la Corte Suprema de Justicia.
Esta acción generó repercusiones tanto a nivel nacional, como provincial y local. La polémica pasó del Congreso a las calles en cuestión de minutos. Almirante Brown no fue la excepción, posiciones a favor y en contra de las iniciativas se hicieron escuchar.
En diálogo con deBrown.com.ar, el vicepresidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) local y miembro del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora (CALZ), Alejandro Torres, destacó como “positivas” las iniciativas y consideró: “Es un cambio importante avanzar sobre la democratización de la Justicia, ya que es uno de los poderes que no se ha tratado en todos estos años”. En tanto, opinó que “estas modificaciones tiene que ir de la mano con la creación de nuevos departamentos judiciales”.
En la misma línea, el diputado provincial del Frente para la Victoria (FPV) y también letrado Franco Caviglia calificó como “sumamente auspicioso” el cambio en la forma de elegir representantes en el ámbito judicial. “Lleva transparencia y celeridad, y quiebra el carácter corporativo de ciertos sectores”, explicó.
De este modo, el legislador bonaerense advirtió que -a partir de que se termine de aprobar e implementar esta iniciativa- “se va a incentivar el principio fundamental, que los propios ciudadanos puedan tener la posibilidad de elegir el Consejo de la Magistratura y este deje de ser un sistema corporativo que nombra a sus propios representantes”.
“Este punto genera un cambio sustantivo porque consolida que la Justicia sea accesible para todos y además democrática”, agregó.
Es que, según lo dispuesto en el texto, el proyecto de reforma para este cuerpo propone elegir por el voto popular a los representantes de los jueces, académicos y abogados; ampliar sus miembros de 13 a 19; y que la elección se haga en forma conjunta con las elecciones nacionales.
En desacuerdo con estos planteos, el concejal de la Coalición Cívica – ARI y abogado, José María Fernández, cuestionó la iniciativa oficialista y opinó: “Tienen por objeto solucionar algunas complicaciones que el Gobierno tiene con la Justicia”. “Con este proyecto se va en contra de un poder totalmente independiente y hay una clara intención de manejarlo a su antojo. Es el último de los poderes que quedaba porque ya tienen el Ejecutivo y el Legislativo. Con este poder completarían su hegemonía”, expresó en diálogo con De Brown.
Tras las firmas a favor, ambas iniciativas quedaron en condiciones de ser debatidas en el recinto el próximo miércoles. Se prevé que la Cámara alta logre darle media sanción.
Cautelares en la mira
Torres consideró que si bien “todas las propuestas de cambios respecto a lo judicial son destacables”. Señaló que los dos puntos en los que se debe hacer hincapié son “la elección del Consejo de la Magistratura y el tema de las medidas cautelares”. En este marco, coincidió en la necesidad de aligerar los tiempos de la Justicia.
Es que por primera vez en la Argentina, se debatirá hoy un proyecto que busca aplicar un marco regulatorio a la utilización de las medidas cautelares contra el Estado. La iniciativa establece que no podrán tener una vigencia superior a seis meses en el proceso ordinario, ni de tres meses en el proceso sumarísimo o de amparo. Se podrán extender por seis meses, siempre que ello resultare procesalmente indispensable.
El proyecto establece que un juez solo podrá dictarla cuando sea competente en la causa, y solo podrá tener validez si dicta esa medida -aunque no le corresponda- si se encuentra comprometida la vida, la salud o el derecho alimentario. En ese último caso, deberá girar en forma inmediata las actuaciones a un juez competente, quien en cinco días deberá expedirse.
En el pedido de cautelar debe estar argumentado el perjuicio que se procura evitar, la actuación estatal que lo produce, y el derecho o interés que se pretende garantizar. El juez deberá pedir a la autoridad demandada, previo a dictar una cautelar, un informe para que el Estado explique cual es el interés publico que está afectado.
En este punto, Fernández rechazó los requerimientos y sostuvo: “Como oposición nos parece una barbaridad porque está pasando por arriba de la Constitución Nacional y es aberrante”. “Creemos que hay un único objetivo y es que se traten los amparos que está comprometidos el Estado y se resuelva a favor de ellos”, agregó.
Según reza el documento, sólo podrá dictarse una cautelar sin recibir el informe previo cuando se deba proteger la vida o la salud de una persona. Los jueces no podrán ordenarla si afecta, obstaculiza, compromete o distrae de su destino los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personal pecuniarias.
También establece que las medidas cautelares contra el Estado se aplicarán una vez que el solicitante otorgue caución real o personal por las costas y daños y perjuicios que la medida pueda ocasionar. Asimismo, el proyecto autoriza al Estado a solicitar cautelares cuando existe riesgo cierto de sufrir perjuicios sobre el interés público, el patrimonio estatal u otros derechos de su titularidad. En caso de interrupción de servicios públicos, podrá presentar todo tipo de recursos judiciales para garantizar la prestación de tales servicios.
